El Socorro: “pueblo patrimonio” en peligro

En el sector antiguo del municipio del Socorro, fundado en 1683, convergen atributos históricos, estéticos y simbólicos: su traza urbana y su arquitectura de origen colonial son el marco espacial en el que se asienta la memoria de un proceso cultural que identifica no solo a una región sino al país entero, y ha sido referente de acontecimientos tan influyentes en la formación de la nación como la Insurrección Comunera, la firma de la primera acta de independencia en el país, su participación en la creación del Estado-nación y el radicalismo.

El Socorro fue declarado en 1963 Monumento Nacional, y en 1997 pasó a reconocerse como un Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional, cuya protección recae en la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que reconoce la ausencia de una reglamentación clara para su manejo y protección, ya que se calcula que, entre la década del 80 del siglo pasado y el momento actual, el sector antiguo del Socorro ha perdido el 50 % de su patrimonio arquitectónico. Existen evidencias fotográficas de que el deterioro arquitectónico se viene presentando desde los años 40 del siglo XX.  

La Dirección de Patrimonio decidió entonces que era el momento de utilizar un instrumento del régimen especial de protección de los BIC, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

Así las cosas, hace 5 años, en aplicación del principio de coordinación entre los ámbitos nacional, departamental y municipal, se suscribió un convenio interadministrativo para formular el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en el municipio del Socorro, Santander, con el contrato de consultoría n.o 17060083 por valor de $576’060.000 y un plazo de 12 meses.

Como a la fecha de hoy el municipio de Socorro no ha entregado el mencionado PEMP, se presentaría tanto una situación de incumplimiento del compromiso contractual con la Gobernación, como un riesgo de sanción de la nación hacia el Municipio como responsable por las afectaciones al patrimonio, derivadas de la ausencia del mencionado plan y sobre todo una afectación a la comunidad,  ya que, como ha insistido la UNESCO  desde la convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial y cultural, la desaparición del patrimonio empobrece a las poblaciones.

La Fundación Socorranos en Acción ha hecho seguimiento al tema con apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander desde 2019. El 2 de julio asistió a la socialización de la propuesta, y allí quedó, entre otros pendientes, la definición del polígono del área de influencia y mecanismos de recuperación y sostenibilidad de los bienes. La propuesta no fue aprobada por la administración municipal y en la nueva administración el contratista presentó en agosto de 2020 al CNPC el proyecto de delimitación del área de influencia, pero no fue aceptada porque no contenía todos los componentes que fija la ley.

La situación es muy compleja, pues algunos de los alcances y precisiones que se exigen hoy en virtud del Decreto 2358 de diciembre de 2019 no se tenían en cuenta en el convenio inicial de 2016, por lo que se hace necesaria una adición presupuestal.

En el campo de la contratación, cuando este tipo de contingencias ocurren, se debe estudiar la conveniencia de adicionar en tiempo y dinero el contrato inicial, o bien resolverlo y empezar un nuevo proceso y, de darse la segunda opción, podría efectuarse una nueva contratación o eventualmente el Ministerio de Cultura encargarse directamente de hacer el estudio. Como vemos, hay múltiples caminos, pero es preciso tomar decisiones.

Consideramos que, ante esta disyuntiva, con el proceso estancado,  cuadruplicado su plazo inicial y con el deterioro del centro histórico a la vista de los socorranos, es imperativo que, con el liderazgo de la señora alcaldesa, el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Patrimonio y la Secretaría de Cultura de Santander, se coordinen esfuerzos para detener la situación de riesgo en que se encuentra el patrimonio cultural del Socorro, para solicitar al supervisor del contrato un informe detallado de su estado, que permita elaborar un diagnóstico  en el que se evidencien los elementos, los pasos y los recursos faltantes para la conclusión y la adopción del citado plan, se tomen decisiones y se asuman compromisos que permitan elaborar una hoja de ruta en pro de sacar adelante tan importante empeño que desde la sociedad civil y los gremios estamos en disposición de acompañar.

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